Rubén Vallejo Alonso, de 42 años y natural de Astudillo; José Luis Bustillo Nava, de 46 y también de Astudillo; Benjamín Tejido Ramos, de 49 años y procedente de Santoyo; Angel García Marín, de 44 años y originario del municipio de Torquemada,; Alejandro Scarpellini Bernard, de 37 años y nacionalidad italiana ; Rodrigo Pérez Juez, de 20 años y natural de Burgos; y Benjamín Santamaría Pérez, de 52 años y del municipio burgalés de Campolara.

En España morir en el curro es de lo más normal. Lo habitual. Más muertos que en la carretera o en la violencia doméstica. Sin embargo, los muertos en el trabajo no suelen ocupar espacio en la prensa. Mueren en silencio y son cadáveres privados. Un asunto privado, entre empresario y trabajador.

En Burgos no cabía en la cabeza del empresario que la gente no se cambia de ropa entre charcos de carburante. El empresario, ¿quién es? Subcontrata de subcontrata. ¿FCC? Hermanas Koplowiz, ¿ACS? Florentino Pérez. Entre ellos y los muertos: testaferros, capataces, encargados, mutuas de seguridad laboral.

No existe responsabilidad penal por el incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que por cierto dice bien claro "1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales." El derecho del trabajador a su salud y a su vida es un deber para el empresario.

Ayer fueron siete, de golpe y de fuego. Pero cada dos días cae algún trabajador. Mueren en silencio, como han vivido.